Una carrera de obstáculos de 17 días hacia el referendum

El camino hacia el referéndum revocatorio del 10 de agosto en Bolivia, es una carrera llena de obstáculos para el gobierno de Evo Morales. Distintos sectores de la oposición son los responsables de poner las vallas, que aparecen una detrás de otra, para debilitar la gestión de las autoridades democráticamente elegidas por el pueblo boliviano.
La encargada de interponer el obstáculo más reciente y dificultoso fue Silvia Salame, magistrada suplente y única representante del Tribunal Constitucional, máximo organismo de la justicia boliviana, cuyos 5 titulares renunciaron por diferentes motivos.
La Dra. Salame aceptó un recurso incidental de inconstitucionalidad interpuesto por el diputado opositor, Arturo Murillo, y emitió un decreto en el que establece que la realización o no del referéndum, deberán decidirlo los integrantes de la Corte Suprema, una vez que este conformado el nuevo Tribunal (que para tomar tal decisión, debe contar con al menos 3 integrantes).
El diputado Murillo, ya había intentado frenar la realización de la consulta mediante un amparo ante la Corte Nacional Electoral, argumentando la inconstitucionalidad del Referéndum solicitado a finales del año pasado por el presidente Evo Morales, y promulgado tras el ilegal proceso autonómico de Santa Cruz (4 de mayo) por la Cámara de Senadores de la Nación (dominada por la oposición).
Los medios de comunicación opositores ya se han lanzado a la loca carrera de invitar a especialistas que avalen la postura elegida por la Dra. Salame, mientras el prefecto de Cochabamba y ex alumno de la Escuela de las Américas, don Manfred Reyes Villa, se suma a los festejos. Este representante popular cuya gestión también será evaluada el próximo 10 de agosto, es el único de los prefectos que se niega a someterse al referéndum, pues todo parece indicar que su gestión no es aprobada y será revocado.
Otro de los que sumó su aval a la línea de Salame, fue el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, quien aseguró que la magistrada del Tribunal Constitucional, actuó dentro las facultades jurídicas, al emitir el decreto.
Influyentes constitucionalistas como, el ex presidente del mismo Colegio de Abogados, Javier Guachalla, y Carlos Alarcón refutaron la posición de Salame y Wayar, al señalar que el referéndum revocatorio no puede ser suspendido entretanto no exista una norma oficial que declare inconstitucional la ley de convocatoria a ese proceso.
La Corte Nacional Electoral informó que el referendum continúa adelante y que sólo una ley de la República o una resolución del Tribunal Constitucional puede paralizar o diferir este proceso democrático. El presidente de este organismo, José Luis Exeni, declaró: ""Se ha dado pleno cumplimiento de la constitucionalidad y mientras no haya fallo de la Tribunal Constitucional o una ley del Congreso, el referendo revocatorio del 10 de agosto sigue adelante".
Hasta el momento de cierre de esta nota no se conocía la posición que adoptará el Consejo Nacional Democrático (Conalde), donde confluyen los sectores más duros de la oposición organizados en torno a los prefectos autonomistas.
En un primer momento los prefectos opositores se negaron a participar del referéndum, pero luego de evaluar la impopularidad de tal posición, aceptaron someterse a la voluntad popular. Como ya se ha dicho, el único que se mantuvo en su postura anticonstitucional y sediciosa fue Manfred Reyes Villa, quien ha declarado públicamente que no aceptará ser revocado aunque el pueblo así lo determine.
En esta coyuntura es de vital importancia conocer el pronunciamiento del Conalde. Si los demás prefectos opositores se suman a la estrategia de Salame, le agregarán a la gestión de Morales nuevas y complicadas vallas en la carrera hacia el referéndum. Si por el contrario se mantienen en su postura democrática de acompañar el proceso -que recordemos-, fue habilitado por la propia oposición en el Congreso, Bolivia podrá transitar esta etapa de su historia en una atmósera más calma.
Más allá de los argumentos jurídicos que puedan emplearse de una u otra parte, cuesta aceptar que una sola magistrada (y además suplente) del Tribunal Constitucional, pueda decidir ipso facto y por si sola, la suspensión de un proceso electoral promovido por el titular del Poder Ejecutivo y aprobado por la mayoría opositora del Poder Legislativo.
Las intenciones del promotor de esta medida, el diputado Arturo Murillo, también son claras, Murillo se muestra mucho más propenso a atacar al gobierno de Evo Morales que a legislar (para lo que en realidad fue elegido). En los últimos meses, el diputado por Unidad Nacional (UN) fue uno de las principales actores mediáticos en el intento ligar al gobierno en un confuso atentado contra un canal de Televisión privado en el sureste de Bolivia.
Dos semanas atrás, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, denunció que Murillo era el testaferro del ex Ministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, quien es prófugo de la justicia boliviana y recientemente fue beneficiado con asilo político en Estados Unidos.
Todo esto sucede al mismo tiempo en el que se produce la visita a Bolivia del secretario de Estado Adjunto para América Latina de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien no dudó en afirmar que la única conspiración de su gobierno en este país en contra la pobreza. Shannon fue convocado por el presidente Morales al palacio presidencial de La Paz en su habitual horario dedicado a este tipo de encuentros, las 5 de la mañana.
El mandatario boliviano solicitó al representante norteamericano que la administración Bush abandone su intención de derrocarlo.
La continuidad del proceso de cambio en Bolivia no depende solo de la capacidad de gestión de los dirigentes del Movimiento al Socialismo sino -al igual que en todos los procesos de cambio que existen y existieron en la región-, también de su habilidad en sortear los complejos obstáculos que van plantando las oligarquías locales con el aval y/o el guiño cómplice de la principal potencia mundial.