El golpe de la CIA contra la democracia haitiana

Cumplidos 5 años del derrocamiento del ex sacerdote Jean Bertrand Aristide en Haití, las tensiones siguen a flor de piel en el país caribeño, y los seguidores del ex mandatario continúan exigiendo su regreso.
El pasado sábado, aniversario del golpe de Estado, varios miles de personas llevaron a cabo una protesta para conmemorar la fecha, ocurrió pocos días después de que el gobierno haitiano prohibiera que los miembros del Partido Lavalás de Aristide, se postularan a las próximas elecciones del Senado.
Jacques Mathelier dijo: "Estamos aquí para que se respeten los derechos de la mayoría. Las personas no pueden comer, sólo tienen ácido de batería para vivir. Además, no puede haber elecciones sin la participación del Partido Lavalas. Y cinco años después del secuestro del Presidente Jena-Bertrand Aristide, el sueño del pueblo es pedir su regreso".
Aristide, un sacerdote identificado con la teología de la liberación, fue elegido presidente por primera vez en 1990, pero a ocho meses de asumir fue derrocado por un golpe de Estado avalado por el entonces presidente de Estados Unidos, George H. Bush. Ante la continua inestabilidad del país, Aristide fue restituido en el poder en 1994. Esto lo logró con el aval de Bill Clinton, quien a cambio de reponerlo en el poder, le exigió que no se presentara nuevamente como candidato en 1996 y que siguiera las políticas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional.
Aristide volvió a su país, y en 2000 volvió a candidatearse y a ganar la presidencia. Según el investigador francés Thierry Meyssan, "la administración Bush hijo toma la decisión a finales del 2002 de derrocar Aristide y para tal motivo consulta con Francia acerca de este tema. Estas dos potencias han querido siempre ejercer una tutela común en la isla. París toma la decisión de inmiscuirse en el «caso haitiano» a mediados de julio del 2003. Un plan conjunto es elaborado para preparar el golpe de Estado."
Uno de los aspectos fundamentales de la desestabilización, fue el financiamiento de ex miembros del Ejército -que había sido disuelto por Aristide-, por parte de la CIA.
Este grupo paramilitar se entrenó en la vecina República Dominicana. Oportunamente la Agencia Francesa de Prensa publicó: "En Puerto-Príncipe (capital de Haití) mucha gente piensa que el ejército dominicano ha dejado pasar deliberadamente a los antiguos militares haitianos con el respaldo de los EE.UU., además de suministrarles la casi totalidad de su material bélico, mantiene vínculos muy cercanos con su comando conjunto y el gobierno".
Cuando Aristide se negó a renunciar en febrero de 2004, Estados Unidos le retiró la guardia personal -a cargo de una empresa privada norteamericana-, y lo obligó a subirse a un avión que lo depositó en la República Centroafricana. El secuestro fue denunciado una semana más tarde por el propio Aristide, aunque el gobierno de Bush argumentó que el traslado del ex mandatario se produjo por pedido de él mismo, para asegurar su protección.
Meyssan testimonia lo siguiente: "El 29 de febrero, entre 2 y 3 horas de la madrugada, las Fuerzas Especiales de EE.UU. invaden el Palacio Presidencial y anuncian a Aristide que será enviado à Miami para ser juzgado por tráfico de drogas al menos que acepte dimitir o que de contrario esperarán la llegada de Guy Philippe (líder paramilitar) que ha recibido las ordenes y viene para matarlo. Aristide llega a comunicarse por teléfono con la conocida representante californiana Maxine Waters,diputada demócrata, para que ella pueda testimoniar e impedir así que se presente a la opinión pública como alguien que se ha ‘suicidado’ al estilo Allende."
Con posterioridad al derrocamiento, Estados Unidos logró que las Naciones Unidas aprobaran una misión militar de la ONU para reestablecer el orden en la convulsionada nación caribeña. Los cascos azules de la ONU (entre los que se cuentan efectivos brasileños, argentinos, chilenos y bolivianos) están acusados de cometer diversas violaciones a los Derechos Humanos. El premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró haber recibido denuncias de violaciones a mujeres, golpizas y torturas que involucraron a uniformados argentinos, brasileños y de otras nacionalidades.