La justicia española imputo ayer al ex ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben-Eliezer, por el ataque contra un dirigente palestino en el que murieron al menos 12 palestinos en julio de 2002. Otros seis militares israelíes corren la misma suerte.
La noche del 22 de julio de 2002, pilotos de la Fuerza Aérea Israelí al mando de F-16 estadounidenses bombardearon la casa de Salah Shehadeh en la Franja de Gaza. Como resultado de la operación murieron por lo menos 15 palestinos, entre ellos al menos 7 niños.
Shehadeh era uno de los fundadores de las Brigadas Azzedin Al Qassam, el brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámico Hamás y había estado preso 10 años en cárceles israelíes.
Al otro día Ismael Haniyé, actual primer ministro de Hamás en la Franja de Gaza, confirmó la muerte de Shehadeh en una conferencia de prensa.
Familiares de las víctimas del ataque presentaron una querella ante la justicia israelí y ante la falta de resultados acudieron a un tribunal español. El 22 de junio de 2008, 6 sobrevivientes presentaron una querella y un mes después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, solicitó al juez de la causa, Fernando Abreu, el envío de una comisión a Israel para averiguar si en ese país existían procedimientos judiciales abiertos sobre el bombardeo del 22 de julio.
Los acusados por los hechos de julio de 2002 son el ex ministro de Defensa, Benjamín Ben-Eliezer; su secretario militar, Michael Herzog; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Israelíes (IAF), Moshe Ya'alon; el comandante Dan Halutz, que dirigió la operación; el general Doron Almog; el presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Gioria Eiland; y el director del Servicio General de Seguridad (SGG).
En enero de 2006, el Tribunal Supremo Israelí había dictado una sentencia en la que consideraba que la operación fue "proporcional al objetivo militar de asesinar a Shehadeh" y que el resultado posterior no fue "intencionado".
En este sentido, se manifestó el comandante Halutz, quien pidió en una entrevista a sus subordinados que durmieran "tranquilamente" porque la ejecución del ataque había sido "perfecta" y el proceso de toma de decisiones "correcto, equilibrado, adecuado y prudente".
Sin embargo, el bombardeo fue repudiado por toda la comunidad internacional y el Reino Unido sostuvo que el bombardeo "no fue legal ni proporcional".
Las víctimas, que destacan la "naturaleza injustificada y desproporcionada" de la acción militar, consideraron que los tribunales inadmitieron su demanda porque "al Estado de Israel no le interesa investigar ni enjuiciar hechos sobre los cuales ellos mismos tienen una responsabilidad clara".
Según el texto de la querella, entre las 23.30 y las 0.00 horas del 22 de julio de 2002 un avión de combate israelí F16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza con el objetivo de destruir la casa del comandante de Hamás.
Como resultado, murieron un total de 15 personas -la mayoría de ellos niños- y otras 150 resultaron heridas. Además, ocho casas de los alrededores fueron totalmente destruidas, otras nueves sufrieron daños parciales y 21 más resultaron afectadas.
Los imputados corren el riesgo de ser condenados por un tribunal internacional, lo que les impediría salir de Israel sin ser detenidos por la Interpol.
La noche del 22 de julio de 2002, pilotos de la Fuerza Aérea Israelí al mando de F-16 estadounidenses bombardearon la casa de Salah Shehadeh en la Franja de Gaza. Como resultado de la operación murieron por lo menos 15 palestinos, entre ellos al menos 7 niños.
Shehadeh era uno de los fundadores de las Brigadas Azzedin Al Qassam, el brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámico Hamás y había estado preso 10 años en cárceles israelíes.
Al otro día Ismael Haniyé, actual primer ministro de Hamás en la Franja de Gaza, confirmó la muerte de Shehadeh en una conferencia de prensa.
Familiares de las víctimas del ataque presentaron una querella ante la justicia israelí y ante la falta de resultados acudieron a un tribunal español. El 22 de junio de 2008, 6 sobrevivientes presentaron una querella y un mes después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, solicitó al juez de la causa, Fernando Abreu, el envío de una comisión a Israel para averiguar si en ese país existían procedimientos judiciales abiertos sobre el bombardeo del 22 de julio.
Los acusados por los hechos de julio de 2002 son el ex ministro de Defensa, Benjamín Ben-Eliezer; su secretario militar, Michael Herzog; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Israelíes (IAF), Moshe Ya'alon; el comandante Dan Halutz, que dirigió la operación; el general Doron Almog; el presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Gioria Eiland; y el director del Servicio General de Seguridad (SGG).
En enero de 2006, el Tribunal Supremo Israelí había dictado una sentencia en la que consideraba que la operación fue "proporcional al objetivo militar de asesinar a Shehadeh" y que el resultado posterior no fue "intencionado".
En este sentido, se manifestó el comandante Halutz, quien pidió en una entrevista a sus subordinados que durmieran "tranquilamente" porque la ejecución del ataque había sido "perfecta" y el proceso de toma de decisiones "correcto, equilibrado, adecuado y prudente".
Sin embargo, el bombardeo fue repudiado por toda la comunidad internacional y el Reino Unido sostuvo que el bombardeo "no fue legal ni proporcional".
Las víctimas, que destacan la "naturaleza injustificada y desproporcionada" de la acción militar, consideraron que los tribunales inadmitieron su demanda porque "al Estado de Israel no le interesa investigar ni enjuiciar hechos sobre los cuales ellos mismos tienen una responsabilidad clara".
Según el texto de la querella, entre las 23.30 y las 0.00 horas del 22 de julio de 2002 un avión de combate israelí F16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza con el objetivo de destruir la casa del comandante de Hamás.
Como resultado, murieron un total de 15 personas -la mayoría de ellos niños- y otras 150 resultaron heridas. Además, ocho casas de los alrededores fueron totalmente destruidas, otras nueves sufrieron daños parciales y 21 más resultaron afectadas.
Los imputados corren el riesgo de ser condenados por un tribunal internacional, lo que les impediría salir de Israel sin ser detenidos por la Interpol.
No hay comentarios:
Publicar un comentario